En relación con la convocatoria de revisión del Plan de Prevención y Atención a Agresiones del personal estatutario, publicado en el mes de junio de 2020 y que entró en vigor en octubre de ese año, la Consejería convoca una reunión de seguimiento, como se recoge en el texto del mismo.
Y en esta reunión convoca a cuantos considera oportuno: colegios profesionales, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, cuerpos y fuerzas de seguridad y por supuesto a los sindicatos de Mesa sectorial, como representantes de los trabajadores.
Desde el SMA, al que acudí como vocal autonómica de Prevención de Riesgo Laboral (PRL), no puedo decir más que fue un Acto Institucional, con el que la consejera pretende dar la imagen de operatividad en este campo, que desgraciadamente es noticia todos los días, porque raro es el que no se produce una agresión sobre el personal sanitario.
Esperábamos que fuese una reunión de trabajo en la que poder aportar mejoras y soluciones efectivas (reales) ante esta problemática.
Pero finalmente sólo sirvió para que cada uno aportase las consideraciones que estimara oportunas acerca de la evolución de las agresiones durante 2022, y sobre todo para que la consejera se hiciese la “foto” con los que allí estábamos.
Ya en febrero de 2022 nuestra organización NO DIÓ EL VISTO BUENO AL INFORME DE SEGUIMIENTO PRESENTADO (COSA QUE SI HICIERON EL RESTO DE organizaciones sindicales) Y EXPLICAMOS LOS MOTIVOS por escrito y con registro. La conclusión de esta postura fue que en el papel todo queda muy bien, pero si lo escrito no se lleva a la práctica, a pesar del trabajo tanto de la parte técnica de la administración como de los Delegados de Prevención, poco estamos haciendo por nuestros compañeros.
Finalmente, entre las medidas que se anunciaron por parte de la consejera se resumió en constituir un Observatorio de Agresiones, impulsar la legislación en materia de sanciones, hacer mapas de “calor”, revisar anualmente la evolución del Plan, formación en materia de PRL, hacer campañas de concienciación, etc.…es decir declaración de intenciones sin concretar nada.
Desgraciadamente se han quedado en el tintero las cuestiones más operativas en el día a día de nuestros compañeros agredidos:
Adecuación de las plantillas a las necesidades de la población
Autogestión de agendas para disminuir las demoras
Vigilantes de seguridad en los centros
Cámaras de vigilancia en centros alejados
Operatividad real del botón antipánico
Limitar el acceso a plantas de hospitalización
Mejora de las infraestructuras que permitan salidas alternativas
Alejamiento del agresor del profesional agredido
Identificación de profesionales con un código
Rapidez en la atención al profesional agredido
Apoyo psicológico y jurídico inmediato
Y sobre todo para que finalmente se considere como DELITO cualquier tipo de agresión, ya sea física, o ya sean las coacciones, amenazas e intimidaciones que se esconden tras los insultos al personal sanitario, situaciones que se añaden a la indefensión y la desprotección que supone para el trabajador que la propia empresa no sea, ya no solo parte activa en la denuncia, sino que sea ella la que tome la iniciativa de la denuncia por el daño que provoca a sus trabajadores pacientes, ambas víctimas de la agresión. Es decir, desarrollo de la Ley de Autoridad Pública de los profesionales del SSPA.
Todas estas medidas de base, precisan de un presupuesto y memoria económica sin los que cualquiera de ellas, se quedará en PAPEL MOJADO y seguiremos preguntándonos por qué aumentan las agresiones en nuestro ámbito.
VOCALÍA PRL SMA
Este 22 de mayo de 2023, todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, con la única excepción del Sindicato Médico Andaluz (SMA), han firmado con el SAS un Pacto para la mejora de la Atención Primaria (AP) que deja fuera a sus médicos. El SAS ha incluido en este Pacto el Acuerdo para la reducción de las agendas que ya había firmado con nuestra organización y ratificado en la Mesa Sectorial. También incluye un punto sobre continuidades asistenciales pactado hace más de un año con el SMA. La inclusión de estas medidas ya aprobadas es absurda y no tiene otra finalidad que ocultar la exclusión de una reivindicación que consideramos esencial e inaplazable: la equiparación retributiva de los médicos de AP con los de hospital.
